El Comite de empresa del FHC alerta de presuntas irregularidades

El Comite de empresa del FHC alerta de presuntas irregularidades en relación con los procesos de contratación del mantenimiento de equipos de electromedicina

En la presente comunicación se prueba que la relación del actual Director-Gerente de Fundación Hospital Calahorra (FHC) con el Grupo GEE (MANTELEC, SA; IBERMAN, SA; ASIME, SA) se han mantenido, más allá de su etapa madrileña, siendo ya Gerente de nuestro hospital.

Así mismo, se recogen algunas de las situaciones que están siendo objeto de investigación en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en relación con los procesos de contratación del mantenimiento de equipos de electromedicina. Acaso ello es reflejo de una situación frecuente en la sanidad madrileña. Y, en conexión con ello, constatamos cómo el Sr. Pacheco Domínguez intentó aplicar similares prácticas en FHC a su llegada al hospital, acabando por despedir a dos profesionales que visibilizaron la irregularidad de su conducta.

 

EL CONTEXTO

A quien sigue la actualidad no se le escapará la gigantesca cantidad de dinero que mueve la contratación de bienes y servicios por las Administraciones Públicas, un campo de actividad y beneficio potencial enormemente atractivo. Ello es perfectamente legítimo, claro. Lamentablemente la experiencia demuestra que no siempre los controles de legalidad han impedido prácticas despreciables. Ahí están los procesos judiciales por todos conocidos desvelando sistemas de mordidas y corrupción, las condenas ya recaídas, etc.

Recientemente (17 de octubre) ha sido objeto de atención periodística el caso del contrato de mantenimiento de equipos de electromedicina en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid: un añejo contrato con una empresa del Grupo GEE (ASIME, SA) que ha sido mantenido durante una década, sorprendentemente, mediante más de un centenar de prórrogas, por un importe total de 22 millones de euros, evitando la celebración de un nuevo contrato:

http://www.elboletin.com/noticia/154637/nacional/historia-de-un-contrato-en-el-hospital-clinico:-mas-de-cien-prorrogas-para-eludir-controles-en-10-anos.html

Obviamente, tal situación ha beneficiado a esa adjudicataria, que ha mantenido el disfrute de su beneficio contractual durante todo ese tiempo sin competencia alguna al no haber sido adjudicado un nuevo concurso.

Más recientemente aún, tanto como ayer sin ir más lejos (14 de noviembre), curiosamente haciendo referencia nominal también al actual Gerente de FHC, en el mismo medio madrileño se detallaban las técnicas y excusas que han evitado el nuevo concurso, siempre con el resultado de que la empresa adjudicataria lo siguiera siendo sin riesgo de perder el beneficio de tal negocio. Así por ejemplo, el hospital Clínico San Carlos habría reconocido errores en su propio inventario de bienes para justificar su desistimiento del procedimiento para una nueva adjudicación. Desistido con esa fundamentación, la adjudicataria ha seguido siéndolo sin competencia, pues, tras el desistimiento, claro está, la nueva convocatoria no llegó a fructificar:

http://www.elboletin.com/noticia/155820/nacional/el-clinico-tumbo-el-nuevo-contrato-de-electromedicina-que-acababa-con-las-mas-de-cien-prorrogas-irregulares.html

Señalamos estas publicaciones como marco básico de referencia. Parcial, sin más. No hay una relación directa entre el hospital Clínico San Carlos de Madrid y FHC o el SERIS, aunque lo publicado sí es enormemente revelador de una serie de prácticas desde luego muy poco edificantes.

Cuando el día 6 de septiembre dos compañeras de FHC con responsabilidad en la contratación (Coordinadora de Logística y Compras) y gestión de equipos e ingeniería (Coordinadora de Mantenimiento) fueron despedidas tras haber denunciado irregularidades cometidas por la nueva Dirección-Gerencia de FHC, el Comité de Empresa, en defensa de la honradez y buen nombre de dichas profesionales inició, con todos los medios a nuestro alcance, modestamente pero con la persistencia que tal empeño merece, la averiguación de cuantas circunstancias pudieran contribuir a esclarecer la verdad en relación con el caso.

Numerosas informaciones llegaron a Calahorra desde Madrid y otras regiones, nos desbordaron. Más tarde, nosotros mismos hemos viajado (sana costumbre) para mantener no pocas entrevistas con profesionales y homólogos de otros hospitales recabando información de primera mano y enorme interés. Hemos accedido, igualmente, a relevante documentación relacionada con el episodio que nos afecta.

Lo que nos sigue pareciendo chiripitifláutico es que nosotros, con tan pocos medios, hayamos podido averiguar tanto en tan poco tiempo, mientras el gobierno regional (Consejería de Salud), con todo su poder y tantos contactos institucionales al alcance de la mano, parece estancado en la inacción, ciego y sordo a las denuncias, mudo cuando se le interpela.

HECHOS:

Fruto de esa investigación, así como de cuanto se ha publicado, son estas líneas que hacemos públicas en defensa de nuestras compañeras despedidas. Nos ceñimos a los hechos demostrados:

1- El Grupo Empresarial Electromédico (GEE), conformado por las empresas IBERMAN, SA, MANTELEC, SA y ASIME, SA, entre otras, ha tenido y mantiene una presencia muy relevante en el negocio del mantenimiento de equipos de electromedicina en algunos servicios de salud autonómicos, entre ellos y señaladamente en el de la Comunidad de Madrid. Eso no es ningún delito, claro está.

2.- El Sr. Pacheco Domínguez ha mantenido relaciones comerciales con dicho grupo al menos cuando por razón de sus cometidos como Director de Gestión en algunos hospitales madrileños (lo ha sido en el Puerta de Hierro y el Infanta Leonor de Vallecas) ha intervenido en el diseño y gestión de procesos de contratación pública relativos a los servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina. Eso no es ningún delito, claro que no.

3.- El Sr. Pacheco Domínguez ha sido Administrador de la sociedad IFC JUKO INVERSIONES, SL, entre mayo de 2011 y abril de 2013. Constituía el objeto social de dicha entidad la prestación de servicios de consultoría, asesoramiento e información, formación e inversiones, tanto a personas físicas como jurídicas, de carácter empresarial, económico, financiero, de inversión, así como de cualquier otra actividad”.

Dicha entidad estaba en activo, pues, dedicada a la consultoría y asesoramiento financiero a la vez que el Sr. Pacheco era Director de Gestión (económica, financiera, de contratación e inversión) del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Eso no es delito, claro, pero es una práctica nada ejemplar habida cuenta la señalada coincidencia de intereses.

La sociedad IFC JUKO INVERSIONES, SL tenía su sede social en el propio domicilio del Sr. Pacheco Domínguez: Calle María Curie, 14, 28922 Alcorcón, Madrid, España.

Se ve que a los “seleccionadores de talentos” de nuestra Consejería de Salud no les pareció ni mal ni llamativo que un alto cargo mantuviera en activo una empresa potencialmente dedicada a lo mismo a lo que él debía dedicar su tiempo en el ámbito público, simultáneamente. Debió parecerles tan apropiado que tuvieron a bien importar al protagonista de esa práctica a La Rioja. O quizás es que ni siquiera investigaron lo que es público (Registro Mercantil) y no está a más que un par de clics en la web. Cabe preguntarse quién selecciona a nuestros talentosos seleccionadores, vista de lince.

4.- De esa misma empresa del Sr. Pacheco, IFC JUKO INVERSIONES, SL, fue también Administrador solidario el Sr. Joaquín Martín de Pozuelo Romay. Tampoco eso es delito, claro.

El Sr. Martín de Pozuelo Romay, a la sazón sobrino del ex Ministro de Sanidad Sr. José Manuel Romay Beccaría (tampoco el parentesco es delito, faltaría más),  ha mantenido su actividad empresarial hasta la fecha también a través de otras sociedades de las que ha sido y es Administrador y/o Apoderado, radicadas tanto en Madrid como en Galicia. Es el caso de la empresa MEDITEC GAMA, SL, dedicada a la compraventa distribución y comercialización de productos y artículos médicos o sanitarios y de cualesquiera productos materiales aparatos y maquinaria relacionados con la práctica de la medicina. Ídem la empresa G-3 SANITARIA, SL, cuyo objeto social es la gestión de funerarias; la gestión de tanatorios públicos y/o privados; la gestión de tanatorios hospitalarios, pompas fúnebres; agencia funeraria. La compra, venta, distribución y comercialización de productos y artículos médicos o sanitarios, o de cualesquiera productos, materiales, aparatos o equipos. Todo esto es perfectamente legítimo, por supuesto.

Tanto el Sr. Martín de Pozuelo Romay como su hermana, a través de sus empresas respectivas, han celebrado numeroso contratos tanto con la Xunta de Galicia como con otras Administraciones Públicas:

https://www.elplural.com/2013/01/13/feijoo-adjudica-a-dedo-casi-medio-millon-de-euros-para-actualizar-una-web-ya-existentev

 

Nada de eso es delito, quede claro.

 

5.- Coincidiendo en el tiempo con la asociación del Sr. Pacheco y el Sr Martín de Pozuelo Romay, las empresas del Grupo GEE (IBERMAN, SA) extendieron su acción a Galicia obteniendo importantes adjudicaciones del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) en el año 2013, por un importe de más de 25 millones de euros. Atención: deseamos dejar expresamente de manifiesto que ello se señala como mera coincidencia cronológica, a los solos efectos definir el contexto de lo que nos afecta en FHC, sin que exista en absoluto relación causal entre ambas circunstancias.

 

Tres años después, el Gobierno de la Xunta de Galicia, a través del SERGAS se negó a renovar esa adjudicación tras apreciar que no existía ahorro significativo así como el empeoramiento de la calidad del servicio y graves deficiencias en el mismo: http://www.farodevigo.es/galicia/2017/03/05/sergas-sustituye-empresa-mantiene-equipos/1634949.html

 

Nada de esto es delito, claro. Sólo son hechos que conforman el contexto de nuestros problemas.

 

6.- Empresas del mismo grupo GEE, han sido objeto de investigaciones, y sanciones, en otros lugares, por ejemplo en Andalucía y por la Agencia Tributaria tras constatar ésta la emisión de facturas falsas.

 

Los hechos, sancionados por la Administración tributaria, son rocambolescos pero muy expresivos: un albañil asturiano (¿?) factura a las empresas ASIME, SA y MANTELEC, SA por presuntas obras en un hospital de Almería (¡!) por importe de más de cien millones de pesetas sin que  existieran trabajos que justificasen tal facturación (AEAT dixit):

http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/112692/sucesos/facturas-falsas-por-trabajos-en-el-hospital-de-huercal-overa.html

 

A nadie se le escapa que si se gira una factura se está haciendo posible -y justificando- un pago correlativo, es decir la salida de una cantidad de dinero de esas empresas por los servicios facturados. Lo que la AEAT sancionó fue la “falsedad” de esas  facturas pues, según Hacienda, no respondían a trabajos realmente existentes, esto es, darían cobertura documental a pagos pero no por los trabajos facturados sino con otro fin. Eso fue sancionado por Hacienda. Son hechos, nada más, y tampoco tenían relación relación directa ni con FHC ni con el SERIS.

 

7.- Cuando el Sr. Pacheco Domínguez aterriza en FHC como Director-Gerente, una de las primeras cosas que hace es interesarse por el procedimiento de convocatoria pública que está en curso para la adjudicación del contrato de mantenimiento de equipos de electromedicina. Ya hemos relatado esa historia en ocasiones anteriores y fue objeto de denuncia por profesionales de FHC ante el Patronato de la entidad: desde la Gerencia se insistió y presionó con reiteración para que la Coordinadora de Logística y Compras, Presidenta de la Mesa de Contratación, le solicitase el desistimiento de ese pliego de electromedicina en curso. Se insistió hasta el extremo de entregarle un informe jurídico elaborado por del despacho “Criterio Abogados” para que fundamentase en éste esa solicitud. El director (CEO) de dicho despacho mantenía acreditada relación personal con el Sr. Pacheco y ese mismo despacho, además, había representado los intereses de MANTELEC, SA en ese mismo concurso para el mantenimiento de equipos de electromedicina. Advertida esa colusión de intereses, la Mesa de Contratación de FHC desechó el Informe por su carácter de parte, contaminado en consecuencia. El Sr. Pacheco cesó a la Presidenta de la Mesa de Contratación y, días después, con la tolerancia primero de la Consejería de Salud y su apoyo explícito después, la despidió.

 

No conviene olvidar que legalmente el Sr. Pacheco podía haber tomado él mismo esa decisión, la de desistir de ese procedimiento y rehacerlo luego como considerase. No obstante, es obvio que si ello le era solicitado por la Mesa de Contratación nadie podría argumentar más tarde que existía un interés gerencial directo en el caso. Igualmente, es obvio que una vez desistido el procedimiento, podrían rehacer de nuevo los pliegos de condiciones. Y eso es legal, claro: puede hacerlo.

 

8.- Lo que no había trascendido públicamente hasta ahora es que -como ella misma ha relatado- fue la Coordinadora de Logística y Compras, luego despedida, quien solicitó en su momento, oportunamente, que se recabase de los Servicios Jurídicos de la CAR un Informe que avalase, en su caso, la conveniencia de desistir del procedimiento indicado, siendo el Sr. Pacheco el que se opuso a ello diciéndole que no hacía falta molestar a los Servicios Jurídicos de la CAR.

 

No obstante, después de que la trabajadora despedida había puesto ya los hechos en conocimiento del Patronato de FHC, esto es una vez conocidos y sólo entonces, en lugar de investigar la denuncia, es desde la propia Gerencia- Consejería desde donde se recaba ese Informe Jurídico para, ahora sí, justificar la conducta gerencial previa que ya ha sido denunciada. De hecho es la propia Consejería la que en declaraciones públicas hace referencia pública a dicho Informe, que permanece desconocido, cometiendo el error de presentarlo como causa justificativa del despido, aunque ese despido no fue fundamentado en tal causa (claro: haberlo hecho habría centrado el posterior debate judicial en ese episodio, la contratación del servicio de mantenimiento de electromedicina).

 

Nos parece evidente que el tiempo transcurrido desde las denuncias presentadas por las dos trabajadoras luego despedidas, sin reacción institucional tras las mismas, fue empleado no en averiguar la realidad de lo que sucedía sino en erigir un relato auto justificativo para tratar de fundamentar la muerte laboral de las denunciantes ocultando la realidad de los hechos: que a la pretensión gerencial lo que se opuso fue una opinión técnico-profesional que hacía valer la necesidad de cumplir los procedimientos de contratación en vigor ante una colusión de intereses acreditada documentalmente.

 

9.- Lo que tampoco se había hecho público hasta ahora es que el Sr. PACHECO le señaló a la Coordinadora de Logística y Compras, luego despedida, la posibilidad de que admitiera que existía un error en el Inventario de los equipos de electromedicina de FHC para justificar así el desistimiento que él deseaba. La compañera, con absoluta profesionalidad se negó a ello, pues el Inventario de bienes de FHC era el correcto y se halla perfectamente actualizado.

 

Esto tampoco será delito, pero algo es.

 

Como se aprecia, tanto el desistimiento del procedimiento como el planteamiento de su fundamentación en el reconocimiento por la propia entidad contratante de un error de inventario, son cosas que pasan, igualitas, en Madrid y se hallan bajo investigación. Es triste que hayan llegado también a FHC.

 

10.- Lo que hasta ahora tampoco se había desvelado es que el día 18 de agosto, es decir, siete después de que se registrara la primera denuncia (11 de agosto), precisamente la relativa a las presiones sufridas para desistir del pliego de electromedicina en curso utilizando los argumentos de los abogados de la empres MANTELEC, SA, el Sr. Pacheco Domínguez, acaso con el conocimiento y aprobación de la Consejería de Salud, acaso a sus espaldas, se reunió en las instalaciones de FHC con el Sr. D. Tomás Ruiz Castillo, Director General del Grupo GEE, precisamente al que pertenece la precitada empresa y para la que trabajaba el despacho “Criterio Abogados”.

 

Reunirse con alguien tampoco es delito, por supuesto, pero resulta tan tan tan, pero tan chocante, que una semana después de denunciada documentalmente la colusión de intereses descrita y las presiones recibidas, ante la pasividad de la Consejería de Salud sólo empeñada en ganar tiempo (luego se ha comprobado que lo que se hizo fue matar laboralmente a los testigos), el Director-Gerente de FHC se reúna con el dirigente del grupo empresarial afectado por la denuncia para tratar no se sabe qué cuestiones, pero desde luego no serían e trabajo pues ninguna empresa del Grupo GEE tiene, hasta la fecha, ningún vinculo contractual ni con FHC ni con el SERIS.

 

Esta es la fotografía que documenta esa entrevista al mediodía del día 18 de agosto de 2017:

IMG_9231_18 de Agosto de 2017_11.45 horas

Seis días después se registraría la segunda denuncia ante el patronato de FHC porque se pretendía contratar bienes directamente tirando de agenda telefónica particular sin más trámites, tampoco respondida ni atendida nunca. Un par de semanas más tarde las personas que habían planteado la necesidad de cumplir los procedimientos y la legalidad interna fueron despedidas fulminantemente saltándose el procedimiento disciplinario, sin posibilidad de defensa.

 

Nada de todo esto es delito, quizás, claro, por supuesto. Pero es que nosotros no nos ocupamos de eso… allá quienes debiendo haber investigado no lo hicieron. Lo que nos preocupa es defender al hospital y su plantilla y lo sucedido sí es un problema de justicia, que no judicial. No se va a resolver en los tribunales sino en el debate social y sin tregua. Y sí, es un problema político porque lo han causado políticos.

 

Ya que nadie explica todo esto, al menos que reparen el daño causado.

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