El cómite de empresa del FHC exige la integración del centro en el servicio autonómico de salud

La continuidad de cualquier hospital comarcal, como es FHC, pasa en la actualidad por su integración orgánica directa en el servicio autonómico de salud correspondiente. No sólo para garantizar su viabilidad económica y el aseguramiento y ampliación de su cartera de servicios, sino también para hacer posible la captación de profesionales sanitarios y de gestión así como el control de legalidad en los procedimientos de contratación de bienes y servicios (control más necesario ahora que nunca).

Fundación Hospital Calahorra (FHC) es el segundo hospital de La Rioja, presta asistencia sanitaria especializada a la población de las cuatro cabeceras comarcales de La Rioja Baja (Arnedo, Calahorra, Alfaro y Cervera del Río Alhama) y en 2018, otro 18 de diciembre, cumplirá oficialmente 18 años.

Creada por el INSALUD e inaugurada oficialmente el 18 de diciembre de 2000, cuando poco después (01/01/2002) las competencias sanitarias fueron transferidas por el Estado a la CA de La Rioja, FHC y su plantilla fueron incluidas en esa asunción competencial pasando a depender, desde entonces, del Gobierno de La Rioja. Por ello su Patronato es presidido por la titular de la Consejería de Salud, mientras que su Protectorado -responsable de garantizar el cumplimiento de la legalidad en FHC- corresponde a la Dirección General de Justicia del gobierno regional.

Así pues, la plantilla de FHC ha formado parte, siempre, del Sistema Nacional de Salud, seleccionada rigurosamente mediante convocatorias públicas con plena garantía de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, inicialmente por el INSALUD y más tarde bajo la responsabilidad del Gobierno de La Rioja.

La continuidad de cualquier hospital comarcal, como es FHC en la actualidad, pasa por su integración orgánica directa en el servicio autonómico de salud correspondiente, como ya se ha hecho en el resto de España con las entidades sanitarias de base fundacional similar.

Ello es todavía más claro en el caso riojano, pues FHC, además, debe sobreponerse a una insuficiencia presupuestaria y de recursos cronificada durante los últimos ejercicios, en particular desde 2012. Para lograrlo es imprescindible su integración en la Administración sanitaria regional.

Y ello no sólo por esa evidente necesidad de asegurar su viabilidad económica y su cartera de servicios; sino también para hacer posible la captación de profesionales sanitarios y de gestión por un hospital comarcal y de frontera como es FHC. Tal selección se revela imposible sin la previa integración orgánica del hospital y sus recursos humanos, unificando los regímenes jurídicos del sistema público de salud de La Rioja. Los profesionales rehúsan un centro de base fundacional cuya experiencia luego no les será reconocida adecuadamente y prefieren la seguridad de plazas en servicios regionales de salud.

Por otra parte, es obvio que la integración, por cuanto supondría una unificación y centralización de servicios, no sólo generaría sinergias asistenciales y dotaría de mayor continuidad el servicio público sanitario, sino que se presenta como la única garantía real de que la contratación de bienes y servicios se regirá por los parámetros adecuados, con control directo y centralizado desde la Administración Pública de la legalidad de esos procedimientos. Algo que en el momento presente es más necesario que nunca.

Por todo ello, la integración de todos los recursos e infraestructuras sanitarias dentro de un mismo organismo (caso del SERIS), homogeneizando también los procesos de selección y las bolsas de empleo temporal, es una exigencia de ineludible coherencia para la gestión y el buen gobierno del servicio público. No se olvide que ese y no otro es, precisamente, el diseño del Sistema Nacional de Salud que impone la vigente Ley General de Sanidad.

En relación con cuanto se ha manifestado, el pasado 14 de noviembre, el Comité de Empresa de FHC mantuvo una reunión -previamente comprometida por la Consejera de Salud- con la Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, la Directora del RRHH de la misma Consejería y el Director del Área de Salud, en la cual fue abordada, precisamente, la necesaria integración de FHC en el SERIS y la estatutarización voluntaria de su personal. Constatado el consenso general respecto de tal necesidad, esa reunión iba a dar inicio al grupo de trabajo comprometido por la Consejería de Salud con ese fin. Lamentablemente, transcurrido más de un mes no se ha producido ningún avance en tal sentido, pese al compromiso adquirido de realizar una reunión cuyo plazo a contar desde la anterior ha sido superado con creces.

En cualquier caso, la integración de las fundaciones, como se ha hecho en el resto de España, debe operarse mediante una norma con rango de ley formal cuya tramitación parlamentaria parece ser inminente habida cuenta de que esa integración directa es un compromiso electoral del gobierno regional con el que se han mostrado conformes todos los grupos parlamentarios en las reuniones que con los mismos hemos mantenido durante el año en curso.

Confiamos que la acción parlamentaria supla la inacción gubernamental, que el Parlamento imponga, en 2018,  el interés general por encima de los particulares intereses, soterrados, de quienes, aunque pocos, no renuncian a obstaculizar la integración de FHC  y, de esa forma, su garantía de futuro.

Dicha oposición, larvada y latente, se ha caracterizado por negar primero y entorpecer luego las vías para la integración directa de FHC, llegando a proponer recientemente para FHC el ejemplo del llamado “modelo Alcira” (eso sí, nunca de forma oficial “a la cara”, siempre “por detrás”). Si nada de ese “modelo Alcira” es ejemplar -nacido y desarrollado en un entorno de corrupción generalizada como ha sido el de la Comunidad Valenciana su única utilidad sería servir como “mal ejemplo”, se halla en quiebra técnica como consecuencia de esa privatización tras haber enriquecido a unos pocos y cargado de deudas a las arcas públicas-, menos ejemplar aún lo es su “reversión” ahora planteada por el gobierno valenciano.

En cualquier caso, ese “modelo Alcira” es ajeno a FHC: FHC no debe “revertir” al sector público pues siempre ha formado parte del mismo, tampoco en FHC, afortunadamente (muchos hemos estado muy vigilantes al respecto, baste recordar las denuncias más recientes), se han tolerado nunca prácticas como las habidas en el “modelo Alcira”, y, finalmente, debe subrayarse, que FHC -sus recursos humanos y materiales- sí puede ser objeto legalmente de una integración orgánica directa en la Administración Pública autonómica por preverlo así la propia Ley 55/1003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, declarándolo de forma contundente e indubitable el propio tribunal Constitucional en febrero de este mismo año.

La senda legal de la integración directa, ya recorrida por Baleares y Madrid para las fundaciones idénticas a FHC (sólo han existido cuatro en España, contando a FHC), se sigue actualmente en Canarias, como antes en otras CCAA. Emplazamos al gobierno regional a cumplir su promesa electoral ya reanudar inmediatamente los trabajos para la integración directa de FHC en la Administración Pública autonómica.

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