Nace la Plataforma de empresas afectadas por el desvío de los camiones de la N 232 a la AP 68

Denuncian que el Gobierno de La Rioja ha tomado una medida drástica prohibiendo toda circulación de tráfico pesado por la carretera nacional 232 y plantean la posibilidad de que puedan incorporarse a la misma para repostaje, descanso y avituallamiento.  

La plataforma tiene como principal objetivo proteger los puestos de trabajo de todo el gremio de hostelería y servicios instalados a lo largo de los más de 150 km de la carretera 232 desde Zambrana a Tudela. Está constituida por un amplio abanico de empresas que van desde los 2 o 3 trabajadores, hasta los 30 y 40, poniendo en riesgo, con esta medida, cerca de 400 puestos de trabajo directos.

Asimismo considera viable compatibilizar la reducción de accidentes de tráfico al máximo con el trabajo de su sector, proponiendo en primer lugar, la liberalización de la AP 68 y la libre circulación por ambas vías, y en su caso poder compatibilizar el uso de las dos vías sin obligatoriedad en el uso de la AP 68  por el tráfico pesado, opción realmente atractiva tras la gran reducción del precio en el peaje.

La medida tomada con fecha 1 de diciembre del 2017 ha tenido importantes consecuencias económicas a corto plazo tanto para los negocios instalados en la nacional, como para el sector del transporte, que tiene la obligatoriedad de circular por una vía que aunque bonificada, no es gratuita. Además, con esta medida, se ve anulada la riqueza de nuestra comunidad, viéndose beneficiadas directamente comunidades vecinas, dado que el tráfico pesado aprovecha el principio y fin de su trayecto para hacer uso de los servicios de repostaje y hostelería, haciendo gasto en dichas comunidades y siendo 0 su consumo en la Comunidad de La Rioja, siendo nuestra comunidad la que acarrea el gasto de la bonificación de la AP 68.

Por todo lo expuesto anteriormente, la plataforma expone que se tengan en cuenta sus planteamientos y se reconsidere flexibilizar y poner esas excepciones en la reforma de la ley para que las autoridades competentes sepan en qué basarse y no se proceda a denunciar a los transportistas por hacer uso de nuestros servicios.

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