El TSJ rechaza ínregramente el recurso de la Consejería de Salud / Gerencia FHC

El TSJ rechaza los recursos de laConsejería de Salud sobre los DESPIDOS FHC tal y como describe el comite de empresa en nota de prensa enviada el 26 de Septiembre

El pasado 6 de septiembre de 2017, el Patronato de la FHC acordó, a propuesta del aún Director-Gerente, el despido de dos trabajadoras del centro (coordinadoras) tras haber denunciado éstas irregularidades y presiones del propio Gerente en materia de contratación de bienes y servicios.

El fundamento de la nulidad de los despidos fue la vulneración por FHC (Gerencia-Patronato) del derecho fundamental a la libertad de expresión e información. Contrariamente a lo pretendido por la FHC, el Juzgado reconoció que en ningún caso las profesionales despedidas desobedecieron ninguna orden legítima concreta, ni existió comportamiento “desleal” alguno, sino que los despidos presuntamente “disciplinarios”, además de adolecer de una absoluta falta de procedimiento y fundamento, tuvieron como única causa el previo ejercicio por las trabajadoras de su derecho fundamental a la libertad de expresión/información, el cual fue reprimido precisamente de esa forma, despidiéndolas.

La Consejería de Salud / Gerencia FHC anunciaron a bombo y platillo recurso frente a las sentencias, el cual interpuso efectivamente ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sala de lo Social, pretendiendo se declarase la procedencia de los despidos.

En sentencia con fecha 13 de septiembre de 2018, que acaba de ser comunicada, el TSJ rechaza ínregramente el recurso de la Consejería/FHC, confirma las sentencias recurridas por la Gerencia del centro, ratificando la nulidad de los despidos por vulneración de derechos fundamentales, el abono de los salarios dejados de percibir y el pago de una indemnización compensatoria por los daños morales causadas a las trabajadoras la ejemplaridad de cuya conducta ya fue subrayada en su día por el propio Ministerio Fiscal.

Se impone en este momento la depuración de responsabilidades.

Debe destacarse que un caso similar en Cantabria se ha saldado con la protección a la denunciante, el cese de los altos cargos y una comisión de investigación parlamentaria. Como se aprecia, un trato bien diferente al “barrer bajo la alfombra” que las trabajadoras de FHC padecieron.

En cualquier caso, es obvio que más allá de las acciones a que ahora haya lugar en otras jurisdicciones (civil, penal), no es posible mantener en el desempeño de sus funciones como “alto cargo” a quien vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos a quienes debería servir. Un cese inmediato que va de suyo y ya llega tarde.

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